Este lunes el presidente Yoweri Museveni promulgó la ley "anti homosexualidad" que sanciona incluso con la pena capital las relaciones entre personas del mismo género en Uganda, y que fue descripta como una de las más represivas del mundo. A raíz de ello, varios activistas nucleados en organizaciones a favor de derechos humanos reclamaron sanciones internacionales contra las autoridades de ese país.
Esta ley "peligrosa y discriminatoria" criminaliza "cualquier defensa de los derechos de los ugandeses" miembros de la comunidad LGBTIQ+ y castiga este trabajo legítimo con penas de hasta 20 años de prisión, advirtieron los activistas, según informó la agencia de noticias AFP.
El mandatario ugandés desafió así las advertencias de la comunidad internacional y aprobó la controvertida norma el 21 de marzo. Tras su anuncio, la agrupación de organizaciones interpuso un recurso ante la Corte Constitucional de Uganda.
En tanto, la norma fue defendida por los legisladores con el pretexto de que estas medidas protegen la cultura nacional y sus valores.
President @KagutaMuseveni has assented to the Anti-Homosexuality Bill 2023. It now becomes the Anti-Homosexuality Act 2023. pic.twitter.com/fDQpmE2W9X
— State House Uganda (@StateHouseUg) May 29, 2023
España: fuerte avance de la derecha en los comicios municipales
La nueva ley incluye pena de muerte o prisión perpetua en los casos en que se tengan relaciones homosexuales con alguien menor de 18 años o infectar a una pareja sexual con una enfermedad crónica como el VIH. Por supuesto, esto disuade a las personas del colectivo LGBTIQ+ de buscar atención sanitaria vital por temor a ataques y castigos.
A fines de abril, el presidente Museveni pidió a los parlamentarios que volvieran a examinar el texto, instándolos a precisar que "no es un crimen 'ser homosexual', pero que sí están penalizadas las relaciones entre personas del mismo género", es decir, quiso diferenciar entre deseo sexual y el acto de tener relaciones con otras personas, que pueden ser castigados con prisión perpetua.
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó el texto como "discriminatorio" y expresó su "consternación" por la promulgación de esta legislación "draconiana".
Según Türk, la ley se opone "a la Constitución y los tratados internacionales" y abre vías para que haya "violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBTIQ+".
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tachó la norma como una "trágica violación" a los derechos humanos y exigió su derogación. También pidió que se evalúe lo que la normativa implica para "los compromisos de Estados Unidos con Uganda", incluyendo inversiones y ayudas.
Encuesta nacional para conocer la calidad de vida de las personas LGBTIQ+
El mandatario agregó que su gobierno estudia la posibilidad de imponer sanciones a Uganda y de restringir la entrada al país de personas implicadas en abusos contra los derechos humanos o en corrupción en el país africano.
La homosexualidad está penalizada en el país del este africano como un "crimen en contra del orden de la naturaleza", desde las leyes que rigieron durante la colonización, pero desde la independencia en 1962 nunca ha habido una condena por actos sexuales consentidos entre personas del mismo género.
La norma cuenta con un amplio apoyo de la opinión pública en Uganda, un país mayoritariamente cristiano, donde las personas son muy religiosas y la comunidad LGBTIQ+ sufre enorme discriminación.
En África, la homosexualidad es un delito en más de 30 de los 54 países del continente.
