El Gobierno Nacional informó cambios en el programa Acompañar destinado a víctimas de violencia de género y, desde ahora, implementó nuevas exigencias para acceder a la asistencia: de ahora en más, las mujeres y personas LGBT+ deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial.
Esta medida está alineada con la destrucción de las políticas de género por parte del Gobierno de Javier Milei, que desde que asumió, sufrieron un fuerte desmantelamiento, al punto tal que de las casi 20 personas que atendían la Línea 144, dejaron sólo 2. No obstante, cuando trascendió la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, los funcionarios se jactaron de la importancia de esa línea telefónica que literalmente vaciaron.
El Gobierno dejó sólo a dos operadoras para atender la Línea 144 en todo el país
A través de decreto 755/2024 publicado en el Boletín Oficial, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona (quien hasta antes de ser convocado por Milei para asumir en su actual cargo fue abogado defensor del ex gobernador de Tucumán Jorge Alperovich, condenado por violación), definió las nuevas restricciones para el acceso al programa creado por el también eliminado Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Según detallaron, "para acceder a la prestación del programa Acompañar se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
"Asimismo, se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género. Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en la República Argentina, a partir de los dieciocho (18) años de edad", explica la letra que lleva la firma de Cúneo Libarona, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La medida representa un gran retroceso en materia de género, dado que uno de los sucesos que han marcado este tipo de violencias fue la falta de credibilidad en las víctimas: para muchas mujeres y diversidades, ir a realizar una denuncia no sólo no fue nunca garantía de seguridad, sino que tampoco lo fue de credibilidad por parte de las autoridades policiales y judiciales.
Hasta el momento de los cambios, para acceder a la asistencia bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Las prestaciones económicas también sufrirán un recorte en el plazo de tiempo en el que se abonará la suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil que pasará de abonarse durante tres meses consecutivos. Anteriormente, se percibía seis meses consecutivos.
Será "no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva" a percibirse en situación de riesgo por violencia por motivos de género.
El decreto entrará en vigencia este mismo lunes y tras las modificaciones argumentaron que el programa se creó con el objetivo de "promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinada a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias".
