Una nueva reforma eliminaría en España la prohibición de difundir las imágenes de los policías sin contar con autorización previa, flexibiliza las normas de las manifestaciones sin autorización, estipula que las personas que son retenidas y se niegan a identificarse pueden permanecer en las comisarías dos horas en lugar de seis y estipula que la cuantía de las multas en caso de infracción dependerá de la solvencia del manifestante.
Todo ello, que suena lógico, no le gustó a miles de policías y políticos de agrupaciones de derecha, quienes salieron a las calles de Madrid en reclamo de esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la "ley mordaza", aprobada en 2015 por el precedente Gobierno de derecha y que el Ejecutivo socialista presidido por Pedro Sánchez quiere solucionar.
La reforma desea adaptar la ley a la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, pero según los responsables de las fuerzas del orden los deja indefensos, más expuestos y despojados de autoridad. De ahí que, ondeando banderas españolas y de los sindicatos, los manifestantes caminaron hacia la sede del ministerio de Interior.
"Decimos no a esta reforma. Creemos que la ley hay que adecuarla a los tiempos actuales, pero que nunca se pisoteen los derechos de los garantes de la seguridad (...) y tampoco se cree una inseguridad ciudadana que creemos que puede llegar a lograrse con esta reforma", dijo Miguel Ángel Gómez, presidente de Jusapol, asociación formada por agentes de la policía y Guardia Civil, citado por la agencia de noticias AFP.
El líder del Partido Popular (PP, derecha), Pablo Casado, también presente en la protesta, dijo que apoya totalmente las demandas de los manifestantes. "Es algo insólito que por primera vez en democracia, aquellos que se juegan la vida por protegernos se tengan que manifestar porque se les deja desprotegidos", dijo. En la protesta también participaron el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, e Inés Arrimadas, responsable del partido de centro-derecha Ciudadanos.
