El Gobierno continúa sus políticas de ajuste sobre los sectores de la economía popular. Ahora anunció que los beneficiarios del Monotributo Social empezarán a pagar el 50% del costo de su obra social por sí mismo y por cada incorporación de adherentes, a partir de octubre.
Tras lanzar un reempadronamiento durante septiembre para los beneficiarios del Monotributo Social que se encuentran incluidos en los programas Acompañamiento Social, Volver al Trabajo y Microcrédito, el Ministerio de Capital Humano continúa avanzando con los cambios en el régimen.
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Desde la UTEP recordaron días atrás que el el Monotributo Social fue una "conquista de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular", donde tenían subsidiado al 50% la obra social y al 100% en el caso de titulares del ex programa Potenciar Trabajo (hoy Acompañamiento Social y Volver al Trabajo). A través de una publicación en su cuenta de Instagram denunciaron que "Milei derogó esta posibilidad, sumando como requisito para ser monotributista tener que facturar al menos 6 facturas por semestre (no se le exige a otra categoría)".
Asimismo plantearon que "la medida no contempla la realidad de la economía popular donde muchos trabajadores de cooperativas cobran mediante recibos de asociados y no con facturación individual, incluso por propia normativa del INAES y la ley del régimen simplificado".
Ahora, mediante la Resolución 630/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial, la cartera conducida por Sandra Pettovello, confirmó que los monotributistas sociales deberán absorber el costo del 50% de la cobertura de la obra social, por lo que pasará a ser más caro tributar bajo dicho régimen.
Al respecto, el texto oficial determinó que "el titular que quiera seguir inscripto en la categoría tributaria optativa del Monotributo Social deberá abonar el 50% del componente de la obra social por sí mismo y por cada incorporación de adherentes, quedando exento de abonar el importe integrado y computándose los aportes regulares para la Prestación Básica Universal del Sistema Integrado Previsional Argentino".
En este marco, derogó "las Resoluciones Nros. 2757 de fecha 7 de septiembre de 2011 y 1215 de fecha 2 de junio de 2014, ambas del entonces Ministerio de Desarrollo Social, ya que no han cumplido con los objetivos previstos y generan una erogación presupuestaria que podría ser destinada a una política pública social más efectiva".
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Las normas que quedaron sin efecto regulaban la asistencia estatal al monotributista social para fortalecer el desarrollo de emprendimientos de la economía social por parte de los titulares de microcréditos.
Bajo un argumento completamente alejado de la esencialidad del monotributo social y el apoyo del Estado para la economía popular, el Gobierno relativizó la funcionalidad de este tipo de monotributo y aseguró que "el número de personas que se encuentran en la economía informal no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado y tampoco hay evidencia empírica que demuestre un nexo de causalidad entre contar con un monotributo social y la mejora en la sostenibilidad y durabilidad de los emprendimientos financiados".