El dirigente Juan Grabois, a través de sus redes sociales, publicó un documento en el cual demuestra que el gobierno de Javier Milei y su ministra de Capital Inhumano, Sandra Pettovello, retienen toneladas de leche en polvo que están por vencer en julio. “¡Repartan la comida, sinvergüenzas!”, escribió el líder del Frente Patria Grande en sus redes sociales.
El listado pertenece a la cartera manejada por Pettovello. Grabois adjuntó una foto de un archivo donde figuran distintos lotes de leche en polvo que están acopiados en los galpones del Gobierno y vencen en julio. “Rinden 2.718.936 litros de leche líquida”, detalló.
«Según la información oficial ingresada por el gobierno nacional a la causa por incumplimiento de deberes de funcionario en la que está imputada Pettovello, hay en los galpones del gobierno no cinco sino seis mil toneladas de alimentos; para colmo hay 339.867 kg de leche en polvo que rinden 2.718.936 litros de leche líquida que se vencen en julio y todavía no presentaron el cronograma de entrega. En total hay 924.970 kilos de leche. ¡Repartan la comida, sinvergüenzas!», señaló
Explicó que «según la misma información, de las entregas realizadas hasta hoy pocas tienen que ver con emergencias. Se derivaron a instituciones religiosas, municipios y provincias. Incluso un conocido movimiento piquetero recibió 225,050 kg de alimentos. Dejo en claro que me parece muy bien que dichas instituciones reciban alimentos, lo que me parece mal es que el gobierno mienta permanentemente para justificar su insensibilidad e ineptitud, pero sobre todo que esté desabasteciendo el 90% la red de ayuda social que tejimos durante décadas para abordar los problemas básicos que ni el estado ni el mercado resuelve en un contexto de duplicación de la extrema pobreza».
«Aunque no haya una sola denuncia al respecto, vamos a demostrar que todos los convenios de alimentos realizados en los últimos años a través del PNUD con las organizaciones sociales que patrocino como abogado se ejecutaron y rindieron de manera incuestionable. La decisión de rescindirlos -pese a las auditorías nacionales e internacionales- en el marco del crecimiento de la indigencia es producto de una criminal arbitrariedad política que implica abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario», concluyó el dirigente.
