El Gobierno peruano de la presidenta Dina Boluarte enfrentó renovadas críticas luego de que cientos de policías irrumpieran en una universidad de Lima y detuvieran a unos 200 manifestantes en el marco de la represión de más de un mes de protestas que ya han dejado decenas de muertos.
La congresista de centro y exministra de Educación Flor Pablo solicitó formalmente la comparecencia al Congreso del primer ministro, Alberto Otárola, y del ministro del Interior, Vicente Romero, por el asalto a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Unmsm), así como el de la rectora de la casa de estudios, Jeri Ramón.
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Además, la organización no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) demandó al ministro Romero y al jefe de la Policía Nacional de Perú (PNP), Raúl Alfaro Alvarado, presentó un recurso de hábeas corpus por los detenidos y denunció un "abuso de poder" del Gobierno y de la Policía por el ingreso al recinto universitario.
"Lo ocurrido en San Marcos es inaceptable. Sin presencia de la Fiscalía, tratar a estudiantes, ciudadanos y defensores de derechos humanos como delincuentes, tirados en el piso y golpeados es un abuso. Ministro del Interior y rectora de la Unmsm deben dar explicaciones", escribió Pablo en un mensaje publicado en Twitter.
La congresista dijo que presentó una moción parlamentaria para que Otárola "rinda cuentas ante el Congreso" y un oficio solicitando a la Comisión de Educación que cite a la rectora de la Unmsm en la próxima sesión ordinaria.
Unos 400 policías antidisturbios apoyados por fuerzas especiales irrumpieron el sábado con tanquetas tumbando una de las puertas de acceso a la Universidad de San Marcos y detuvieron a más de 200 personas.
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Hubo disparos y lanzamiento de gas lacrimógeno pese a no encontrar resistencia, según testimonios recogidos por la prensa peruana.
En el lugar estaban alojadas desde la semana pasada, y con permiso para pasar una noche, delegaciones de manifestantes llegados desde distintas partes de Perú para participar en una denominada "Toma de Lima" en el marco de las protestas para exigir la renuncia de Boluarte.
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Entre los detenidos había al menos tres periodistas de medios del departamento sureño Puno que llegaron a la capital a cubrir las manifestaciones, reportó la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que reclamó la "inmediata libertad" de ellos.
La Defensoría del Pueblo informó que funcionarios del organismo estaban verificando la "condición legal, integridad y condiciones de detención" de las personas demoradas en las sedes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP.
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Luis Alvarado, vocero del área de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría, afirmó que ayer hubo 109 bloqueos de rutas en 35 de las 195 provincias en que se dividen los 24 departamentos regionales del país, según la radio RPP.
Detalló que los hechos más graves se registraron en la región de Puno, donde "ha habido la quema de la comisaría y la sede del Ministerio Público en (la ciudad de) Ilave", así como el incendio de al menos cuatro sucursales bancarias en la ciudad de Puno.
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Las manifestaciones comenzaron en diciembre tras la destitución y detención del entonces presidente de izquierda Pedro Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta.
Al menos 55 personas (54 manifestantes y un policía) murieron y más de 1.200 resultaron heridas desde que estallaron las protestas, que exigen la dimisión de Boluarte y la liberación de Castillo, según el último balance de la Defensoría del Pueblo.
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En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso.
El Ministerio del Interior dijo en un comunicado que la operación fue en respuesta a una denuncia presentada por un representante de la universidad por la presencia de un grupo de 300 personas que entraron en el campus de forma ilegal y violenta y que agredieron a los trabajadores de seguridad y los expulsaron.
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La legislación de Perú establece que en este tipo de operativos es obligatoria la presencia de funcionarios de la Fiscalía para evitar abusos contra los detenidos, pero los sospechosos fueron reducidos violentamente, esposados en el suelo y trasladados a dependencias policiales.
La Fiscalía informó del envío de fiscales a estas dependencias para legalizar los arrestos y anunció la detención de al menos tres personas por delitos de terrorismo.
La ONG Cnddhh dijo en un comunicado que su demanda y su recurso de hábeas corpus fueron recibidos por un juzgado de Lima, informó la agencia de noticias Europa Press.
Al igual que en las últimas manifestaciones que han tenido lugar en Perú, las autoridades han restringido el acceso a la Plaza San Martín, ubicada en el centro histórico de Lima, ante las protestas de los estudiantes.
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Al término del operativo en la universidad, varios líderes y organizaciones civiles de derechos humanos han mostrado su solidaridad con los manifestantes antigubernamentales.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades peruanas para garantizar la "legalidad y proporcionalidad" de la intervención.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "preocupación" por la "incursión policial, desalojo y detenciones masivas" en la universidad e instó a las autoridades a "rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas".
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El expresidente de Bolivia Evo Morales, muy crítico con el nuevo Gobierno de Dina Boluarte, condenó el operativo policial.
"Nos solidarizamos con las autoridades, docentes, estudiantes de la Universidad San Marcos y el pueblo del Perú. Al estilo de las peores dictaduras del los años 70 y 80, irrumpieron con tanques y armas a esta casa superior de estudios, sin respetar la autonomía universitaria", publicó a través de Twitter.
