La diputada nacional del Frente de Todos, Carolina Gaillard, rechazó los cuestionamientos de Juntos por el Cambio al funcionamiento de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja que preside y reivindicó el proceso iniciado para investigar el accionar de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Dichos cuestionamientos se produjeron por parte de los diputados de Juntos por el Cambio, Juan Manuel Lópéz (CC) y del PRO, Silvia Lospennato, sobre el proceso iniciado por la comisión de juicio político, en el que se analiza el accionar de los integrantes del máximo tribunal, a partir de un pedido impulsado por el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores.
López, por su parte, acusó a la comisión de una cuestión de privilegio "contra la mayoría automática de la comisión de Juicio Político, contra los 16 diputados del FdT que han integrado la comisión en las últimas reuniones y que han votado cada una de sus resoluciones en absoluta soledad", e hizo referencia a supuestas "ilegalidades" cometidas en la comisión de juicio político.
La diputada Lospennato estuvo de acuerdo y pidió una cuestión de privilegio contra los 16 miembros del oficialismo de ese cuerpo por "la responsabilidad internacional en la que va a incurrir el Estado argentino por la violación de múltiples tratados de derechos humanos que ha suscripto nuestro país".
Ante estas críticas, Gaillard pidió la palabra para asegurar que "todas las reuniones fueron a la luz del día, fueron públicas, todas las reuniones están grabadas y registradas en la versión taquigráfica" y aseguró que como presidenta "garantiza" el funcionamiento acorde "no sólo a la Constitución sino al reglamento de la cámara y el reglamento interno de esa comisión que regla el procedimiento".
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Además, Gaillard acusó a Lospennato de "mentir", al sostener que es "falso" lo que dijo la diputada del PRO cuando hizo referencia de que "se produjo prueba que requería intervención judicial sin ella. Es falso, a la fecha 23 de febrero no había un sólo oficio enviado a las reparticiones respecto al cruce de llamadas que requiera autorización judicial. Le pido que no mienta, eso es abstracto".
En tanto, la diputada del FDT sostuvo que "lo que se está investigando es si hay independencia o no en el poder judicial" y aseguró que "los denunciados van a ser citados para ejercer su derecho a defensa, una vez producida toda la prueba para que puedan realizar su descargo, ya sea presencial o por escrito, con lo cual acá se han cumplimentado todas las garantías procesales".
Gaillard afirmó: "No los vi tan indignados con el bochorno de los chats que se filtraron en diciembre donde se hablaba de arreglar fallos", en referencia a las conversaciones que trascendieron entre el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, funcionario del máximo tribunal, cercano al titular de la Corte, Horacio Rosatti.
"Nosotros queremos esclarecer la verdad, no queremos encubrir a nadie", aseveró la presidenta de la comisión de juicio político de la Cámara baja.
Tras la aprobación de la admisibilidad del proceso contra los integrantes de la Corte Suprema, la semana pasada la comisión de Juicio Político realizó la primera de las audiencias, en las que se recibieron testimonios de jueces y funcionarios judiciales, entre ellos los jueces federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata), y se resolvió citar citar al fiscal federal Carlos Stornelli, en un paso fundamental para la sustanciación del proceso impulsado por el Presidente y una docena de gobernadores.
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