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Diputados debate modificación de ley para urbanizar barrios populares

La cámara baja retomará este miércoles el debate por la modificación de la ley 27.453, conocida como la Ley de Barrios Populares, en la que se buscará actualizar el registro, prórroga por 10 años de la suspensión de desalojo y garantizar el acceso a los servicios básicos para la población mediante una tarifa social.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomará este miércoles el debate del proyecto del Poder Ejecutivo que propone reformar la ley de integración socio urbana de barrios populares, aprobada en 2018, y prorrogar por diez años la suspensión de los desalojos.

El debate de la iniciativa se retomará a las 12 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Hernán Pérez Araujo, de Presupuesto, a cargo de Carlos Heller, y de Legislación General, a cargo del legislador oficialista Lucas Godoy.

 

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La iniciativa del Poder Ejecutivo, que comenzó a debatirse la semana pasada, propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda), y agilizar los procesos administrativos.

A través de la iniciativa también se busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

 

¿Qué se considera un barrio popular?

Según el ReNaBaP, los barrios populares cuentan con las siguientes características:

Están integrados por 8 o más familias.

Más de la mitad de la población no tiene título de propiedad del suelo.

Más de la mitad de la población no tiene acceso regular a 2 o más servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal.

Mapa de barrios populares

 

En el plenario de la semana pasada, los diputados recibieron a funcionarios y a referentes barriales que explicaron los principales argumentos de la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo.

En el encuentro, Fernanda García Monticelli, subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales del Ministerio de Desarrollo Social, recordó que "hasta el año 2016 no existía información oficial sobre la cantidad de barrios populares existentes, las condiciones de vida de sus habitantes y la situación sobre acceso a servicios. Las organizaciones sociales realizaron un acuerdo con el gobierno nacional para relevar por primera vez los barrios populares de la Argentina. Eso arrojó la existencia de 4.416 barrios populares".

La funcionaria recordó la sanción de la ley 27.453, conocida como Ley de Barrios Populares, aprobada por unanimidad en octubre de 2018, al señalar que "con este espaldarazo se empezó a trabajar en Plan de Integración socio-urbana, basado en cinco pilares: integración urbana, vivienda, integración social y productiva, acceso al suelo, gobierno abierto, transparencia y gestión popular", explicó.

Además declaró que actualmente hay 764 proyectos de integración activos o ejecutados, 11.542 lotes con servicios como parte de la generación de nuevo suelo urbano y 1.437 construcción de viviendas para relocalización. Además, hay más de 670.000 personas beneficiadas con proyectos de integración, generando 163.000 puestos de trabajo.

El proyecto de ley busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, la prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).

Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

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