La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal contra la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, por su rol en el debate y la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La presentación se realiza en el marco de la fuerte polémica que generan los cambios propuestos a la normativa que protege glaciares y ambiente periglaciar, eje de múltiples audiencias públicas en el Congreso de la Nación.
El futuro inmediato de Adorni pende de un hilo
Según el escrito presentado ante la Justicia federal, la organización ambientalista acusa a Royón (que viene del massismo y fue funcionaria del Frente de Todos) de negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho, al considerar que la legisladora habría mantenido vínculos profesionales, societarios y comerciales con empresas del sector minero potencialmente beneficiadas por la reforma.
Entre las firmas señaladas aparecen la neozelandesa Zelandez y la consultora Minenco SAS, además de presuntas conexiones con grandes compañías como Río Tinto.
Los denunciantes sostienen que, mientras impulsaba y acompañaba los cambios a la Ley de Glaciares en el Senado, Royón integraba o había integrado órganos societarios y actividades privadas vinculadas a empresas interesadas en la explotación de recursos en zonas de alta montaña. A su criterio, esto configuraría un claro conflicto de intereses, ya que la flexibilización del alcance del ambiente periglaciar y el traslado de mayores facultades a las provincias podría abrir la puerta a nuevos proyectos mineros en áreas sensibles.
Explota el caso Adorni: lo imputan por enriquecimiento ilícito y revisan todo su patrimonio
La presentación también hace eje en posibles incumplimientos de la Ley de Ética Pública y en la eventual omisión o deficiencia en las declaraciones juradas patrimoniales de la senadora. Los abogados ambientalistas piden que se requieran informes a organismos públicos nacionales y provinciales, a la AFIP, a la Inspección General de Justicia y a los registros societarios para reconstruir en detalle la red de relaciones empresariales de Royón.
Como parte de las medidas de prueba, reclaman además que se pidan datos al Senado de la Nación sobre el tratamiento legislativo de la reforma, las intervenciones de la legisladora, sus eventuales asesorías externas y cualquier vínculo contractual con empresas del sector extractivo. No descartan solicitar allanamientos a oficinas de las firmas involucradas con el objetivo de asegurar documentación contable, correos y contratos que puedan respaldar la hipótesis de un beneficio directo derivado de la modificación de la ley.
Ella niega
Flavia Royón, por su parte, negó públicamente las acusaciones y sostuvo que no representa intereses mineros sino a la provincia de Salta, defendiendo el espíritu del proyecto que, según su posición, busca “proteger el agua” y ordenar la normativa sin frenar la actividad productiva. La senadora afirmó que renunció a todos sus cargos privados, incluido el directorio de Zelandez Holding Limited, antes de asumir su banca el 10 de diciembre de 2025, y desafió a los denunciantes a presentar pruebas concretas en su contra.
