Más de 700 ex trabajadores de Flybondi, compañía cuyo principal accionista es el empresario Leonardo Scatturice, llevan más de tres meses sin percibir las indemnizaciones por despidos sin causa ni los acuerdos de retiro voluntario que la empresa firmó con ellos.
La situación, que afecta a familias de todo el país, se agrava ante el silencio absoluto de la compañía, que no brinda información sobre plazos de pago ni sobre la regularización de las deudas, según confiaron a la Agencia Noticias Argentinas, los propios trabajadores.
Frente a esta falta de respuesta, los afectados iniciaron acciones judiciales para ejecutar acuerdos que la propia empresa reconoció y suscribió formalmente.
El conflicto se extiende tanto a quienes fueron despedidos como a quienes aceptaron retiros voluntarios. En la mayoría de los casos, los acuerdos fueron firmados por Verónica Fúnes, directora de Recursos Humanos de Flybondi y OCP Tech, ante la escribana pública Paula Rodríguez Foster.
Otros fueron homologados por el SECLO, la instancia administrativa obligatoria previa a un juicio laboral. Pese a ese respaldo legal, la empresa continúa sin cumplir con las obligaciones asumidas, generando un escenario de incertidumbre y desgaste económico para cientos de familias.
Los ex empleados denuncian que cada incumplimiento obliga a iniciar un nuevo expediente judicial, lo que permite a la empresa ganar tiempo y dilatar pagos que ya fueron reconocidos por escrito. La acumulación de causas en trámite refleja la magnitud del problema y la falta de voluntad de la compañía para resolverlo.
A este grupo de afectados se suman trabajadores que aún continúan en actividad, pero que tampoco recibieron los sueldos de junio y julio, ni el aguinaldo correspondiente. El temor a represalias laborales genera un clima interno de preocupación, hostigamiento e incertidumbre, que inhibe reclamos públicos y profundiza la tensión dentro de la empresa.
La situación se agravó el 6 de agosto, cuando la falta de pago de aportes dejó a empleados activos y ex trabajadores sin cobertura de medicina prepaga y obra social, afectando tratamientos médicos, controles y prestaciones esenciales.
