El abogado Maximiliano Rusconi, la defensa de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, declaró este martes que la "estructura pública del Estado jamás puede ser presentada como una asociación ilícita" y que quienes acceden a su conducción "no ejecutan un plan delictivo, sino una idea política", en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
En la segunda jornada del alegato final del juicio en la causa Vialidad, Rusconi dio inicio a su exposición y consideró que, en esta causa, en la que también está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se violaron "todas" las garantías constitucionales y que la Fiscalía construyó "un relato" para "perseguir a un sector político".
Aludió a un "relato" acusador elaborado por la fiscalía como una "réplica de aquel que fue instalado en los medios de comunicación monopólicos" desde 2004.
Tras la exposición junto a su colega Gabriel Palmeiro y rechazar los cargos por los que la fiscalía pidió diez años de prisión a De Vido, Rusconi desestimó la existencia de una asociación ilícita y descartó el rol de supuesto organizador de asociación ilícita y administración fraudulenta del exfuncionario.
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Por otra parte, el alegato del día lunes fue interrumpido por el Tribunal Rodrigo Giménez Uriburu para explicar por qué mostró un mate con el logo de un equipo de fútbol que integraba junto al fiscal Diego Luciani y que participó de un campeonato amateur en la quinta del expresidente Mauricio Macri. Luego de esto, fuentes de la defensa evaluaron la posibilidad de recusar al magistrado (esto implica que se puede apartar al juez del caso).
El juicio se reanudó a las 9 con la segunda jornada del alegato vía plataforma Zoom y el primer defensor que hizo uso de la palabra, Rusconi, advirtió que se transita una época en la que "no sólo se persigue" a un sector político sino que "también se blinda, se protege a otro", que no debe criminalizarse "una ideología, un ejercicio de poder que llegó por el voto popular y un gobierno que claramente llegó por el voto popular y se presentó a elecciones".
"Se empezó a hablar de Santa Cruz en programas de televisión que mostraban falsedades", recordó, y señaló que "esa misma sensación dejaron los fiscales en su relato sobre obras inexistentes y abandonadas".
"Nada se probó", advirtió el abogado, y remarcó que "no hubo sobreprecios ni tampoco hubo otras certificadas no ejecutadas".
A su turno, tomó la palabra el codefensor Palmeiro y repasó al igual que Rusconi dichos de testigos a lo largo de casi tres años de juicio.
“No se ha podido acreditar que Julio De Vido haya estado en modo alguno en una asociación ilícita, no es organizador de ninguna banda", continuó.
Ambos defensores recordaron también que "testigos de la Dirección Nacional de Vialidad declararon que no encontraron irregularidades, empresarios dijeron que la redeterminación de precios era en general para todas las obras", enumeraron.
Por otra parte, Palmeiro remarcó que De Vido "no tenía injerencia" en las decisiones sobre las obras a realizarse en Santa Cruz. También mencionó el testimonio en el juicio del exministro de Economía Roberto Lavagna, quien afirmó que las obras viales estaban incluidas en el Presupuesto Nacional que aprueba el Congreso Nacional.
Además cuestionó las alusiones de la fiscalía a De Vido vinculadas al rol como funcionaria de su esposa, Alessandra Minnicelli, sobreseída en una causa penal.
"De Vido se tiene ahora también que defender de tener una esposa. Es increíble", concluyó.
El juicio, que se realiza a través de la plataforma Zoom, continuará el viernes con el alegato del también procesado exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala.
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Mientras tanto, el lunes de la próxima semana se prevé el inicio del alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió un pedido de condena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras presuntas irregularidades a través de la firma "Austral Construcciones" entre 2003 y 2015.
