La Justicia federal, a través del fiscal todoterreno Carlos Stornelli, tomó la presentación impulsada por el mediático Waldo Wolff, y formalizó un pedido que vuelve a alinear a la Argentina mileista con los intereses estratégicos de Estados Unidos y, en particular, del gobierno de Donald Trump. La movida reactiva una causa nacida en plena ofensiva diplomática contra Venezuela y reabre el debate sobre el uso político del Poder Judicial y de los servicios de inteligencia en la Argentina.
Invasión a Venezuela: Argentina apoyó a Estados Unidos en la ONU
Un fiscal Washington
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Stornelli volvió a quedar al frente de un expediente de alto impacto geopolítico al requerir la extradición del ex presidente venezolano Nicolás Maduro para ser indagado por presuntas violaciones a los derechos humanos, en el marco de una causa iniciada en 2024.
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El expediente fue impulsado por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), una organización que replicó el libreto de los sectores más duros de Washington contra el chavismo y que logró incluso frustrar una visita de Maduro a Buenos Aires por el riesgo de detención.
Waldo "Operation" Wolff
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La denuncia original fue presentada cuando Wolff (señalado por sus detractores como colaborador del Mossad) presidía el FADD y ocupaba el Ministerio de Seguridad porteño en la actual gestión de Jorge Macri, articulando así el aparato político amarillo con una estructura paraestatal de presión judicial e internacional.
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Waldo Wolff, que se consolidó como vocero de las posiciones más duras del mileísmo en materia de seguridad e inteligencia, aparece una vez más como el puente entre los servicios locales y las agendas externas que buscan condicionar la política exterior argentina.
Milei y la agenda de apego
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El avance del pedido de Stornelli se inscribe en una secuencia de causas “sensibles” donde la Justicia federal mostró receptividad hacia denuncias impulsadas por el oficialismo de Milei, en particular en materia de supuestas operaciones de inteligencia y “ánimos destituyentes”.
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La sintonía entre Comodoro Py y la Cancillería mileísta refuerza la hipótesis de una estrategia coordinada para exhibir alineamiento pleno con Washington en clave regional, utilizando expedientes penales como herramienta de política exterior.
Un nuevo capítulo del lawfare
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El caso reabre la discusión sobre el uso selectivo de la justicia penal para perseguir a dirigentes y gobiernos no alineados, mientras se blindan responsabilidades internas en materia de endeudamiento, ajuste y violaciones a derechos sociales en la Argentina.
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Organizaciones de derechos humanos y sectores opositores advierten que este tipo de maniobras consolidan un esquema de lawfare que combina denuncias hechas a medida, servicios de inteligencia y fiscales funcionales a los intereses de las potencias y del oficialismo de turno.
