La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, publicó este miércoles un documento de 86 páginas que denominó "Un país ordenado" en donde figuran sus propuestas de Gobierno en caso de ser elegida presidenta de la Nación.
Allí ratificó parte de lo que ya venía anunciando y, ahora, con un Carlos Melconian confirmado como su potencial ministro de Economía, describió sus políticas en materia económica, seguridad (su caballito de batalla para proponer "mano dura" y "orden"), gasto público, entre otros ejes.
La candidata de JxC compartió sus principales propuestas con "objetivos estratégicos" como "reordenar la economía para terminar con la inflación", realizar una "reforma del Estado integral" y "potenciar la producción" del país.
Además de lo ya propuesto por Bullrich como "eliminación de la brecha de tipos de cambio y de las retenciones", la "autonomía del Banco Central con prohibición de financiamiento al Gobierno", el "bimonetarismo" y la implementación de "déficit cero inmediato" de las cuentas públicas, el documento ahonda en otros temas no tan recurrentes.
Reforma del Código Penal y baja de imputabilidad
"Impulsaremos la reforma del artículo 34 del Código Penal para establecer la legítima defensa especial para los agentes que, en servicio o fuera de él, intervengan para defender la vida, la integridad física, la libertad o la propiedad de las personas", reza una parte del texto.
Este punto está estrechamente vinculado con el caso del policía Luis Chocobar, quien en 2021 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por "exceso en el cumplimiento del deber", cuando asesinó a un delincuente por las espalda, que escapaba tras un intento de robo y haber apuñalado a un turista.
Bullrich recibió a Chocobar, lo apoyó públicamente y, tras la condena que recibió entonces el oficial, le dijo: "Vos hiciste todo lo que tenías que hacer, todo lo que tiene que hacer un buen Policía".
Además de mencionar la intención de reformar ese Código "para restringir el uso abusivo de la prisión preventiva respecto al personal policial", también se propone "la baja de la edad de imputabilidad".
"Vamos a impulsar la baja de la edad de imputabilidad y modificar el régimen de menores que delinquen, para solucionar un vacío legal y evitar que los menores sean usados por redes delictivas", detalla.
Seguridad Interior y Defensa
Otra de las reformas que impulsa la coalición es sobre las leyes de Seguridad Interior y Defensa, con el objetivo de que las fuerzas federales tengan "apoyo logístico" del Ejército en "zonas críticas" como la ciudad de Rosario y el conurbano.
Trabajo y seguridad social
En cuanto a las "políticas laborales", Bullrich propone la "actualización de los convenios colectivos", "terminar con la industria del juicio" y que "los trabajadores informales" tengan "mecanismos de transición realista hacia el empleo formal".
Sobre este último punto, el documento destaca la creación de "mecanismos simples como el de empleados de casas particulares", un régimen especial promulgado en el año 2013 durante el Gobierno de la exmandataria Cristina Kirchner.
También se menciona la reinstauración del "servicio cívico voluntario en valores", un programa que dirigido "a jóvenes de 18 a 25 años sin secundario y sin trabajo", que brindará "oportunidades de formación, fomento del compromiso personal y comunitario".
Este plan ya había sido impulsado por Bullrich en 2019 cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad, tuvo 1.200 inscriptos y fue administrado por la Gendarmería Nacional.
En cuanto a las "políticas sociales", la exministra de la Alianza propone la eliminación del programa Potenciar Trabajo y reconvertirlo "desde el primer día " en un "seguro de desempleo temporal".
"Con el sistema de seguro de desempleo las personas con este plan social deberán demostrar mensualmente que buscaron empleo, asistieron a una institución educativa o se capacitaron en un instituto de formación profesional", indica.
Además, aseguró: "Vamos a bajar los ministerios a la mitad" y, si bien no precisa cuáles son los que dará de baja, señala que "tendremos solo los ministerios indispensables para dar los servicios que la población necesita".
El documento, además, impulsa "reducir a su mínima expresión los cargos políticos" y una "racionalización de las empresas públicas" como parte de la "reforma del Estado".
"El objetivo es que no produzcan gastos, es decir déficit, al Estado. Deberán presentar sus planes de negocio y tendrán fechas límites para ordenarse y autofinanciarse", explica.
Como ejemplo de esto, el documento señala a Aerolíneas Argentinas, la cual "luego de un período de transición breve" dejará de "recibir subsidios estatales".
Bullrich también postuló que "derogará" el decreto 690 con el que el presidente Alberto Fernández estableció a las telecomunicaciones como "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia".
La candidata volvió a hacer alusión al trabajo que lleva adelante el Conicet y sus profesionales, al que calificó como un "organismo de referencia mundial" pero que "ha sufrido cierta partidización y desviación de sus objetivos".
"Vamos a fortalecerlo y vincularlo fuertemente con el sector productivo, mediante asociaciones público privadas para la investigación y desarrollo", remarca, y agrega que "los becarios deberán presentar avance periódico de sus investigaciones" ya que "las becas son para producir saberes, no es un sueldo encubierto para no investigar".
