Las ejecuciones por parte de los Estados alrededor del mundo se intensifican. Según el último informe de la ONG Amnistía Internacional "Condenas a muerte y ejecuciones 2024", el año pasado fueron registradas 1.518 ejecuciones en 15 países, la cifra más alta desde 2015.
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El 91% de las ejecuciones conocidas se concentraron en Arabia Saudí, Irán e Irak, países que han multiplicado su uso de la pena de muerte en el marco de políticas autoritarias y represivas. Irán ejecutó al menos 972 personas (119 más que en 2023), Arabia Saudí duplicó su total (al menos 345 ejecuciones) e Irak cuadruplicó las suyas (al menos 63). El informe aclara que estas cifras no incluyen los miles de casos que se presume ocurrieron en China, país que mantiene sus estadísticas bajo secreto de Estado, ni los registros desconocidos de Corea del Norte y Vietnam.
"Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz", denunció Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Pena de muerte como arma de control político
El informe sostiene que varios gobiernos utilizan la pena de muerte como arma para infundir miedo y controlar a la población. En países como Irán y Arabia Saudí, se ha aplicado contra manifestantes, opositores políticos, activistas de derechos humanos y minorías étnicas, incluyendo a personas condenadas tras juicios sin garantías y mediante confesiones obtenidas bajo tortura.
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En Irán, por ejemplo, dos personas vinculadas al movimiento Mujer, Vida y Libertad fueron ejecutadas en 2024. Una de ellas era un joven con discapacidad mental. Ambos casos reflejan, según el informe, "hasta qué punto están dispuestas a llegar las autoridades para afianzar su control del poder".
Incluso en Estados Unidos, que registró 25 ejecuciones el año pasado, se consolida una tendencia regresiva. Donald Trump, ya como presidente electo, invocó la pena de muerte como un instrumento para proteger a la población “de violadores violentos, asesinos y monstruos”, según recoge el informe, promoviendo un discurso deshumanizante y una supuesta efectividad disuasoria sin sustento en evidencia.
Un castigo desproporcionado y clasista
El informe también destaca el preocupante aumento de ejecuciones por delitos de drogas, que representaron más del 40% del total global en 2024. Según el derecho internacional, la pena de muerte sólo puede aplicarse en los “más graves delitos”, una categoría que no incluye los crímenes relacionados con estupefacientes. Sin embargo, países como Arabia Saudí, Irán, China y Singapur persisten en su uso para estos casos, afectando de manera desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos.
Para Amnistía, estas ejecuciones violan de manera flagrante los derechos humanos y evidencian que la pena de muerte no sólo no disuade el crimen, sino que se convierte en un mecanismo de castigo clasista, racista y político.
