¿Qué piensan los trabajadores sobre el arancelamiento de la salud?
Guillermo Pacagnini, secretario general de Cicop, cuestionó el proyecto que presentaron los legisladores de Republicanos Unidos para cobrar un arancel a los no residentes de Caba, recordó casos similares en provincia de Buenos Aires y pidió por un sistema centralizado de salud.
Desde diferentes sectores sociales y políticos cuestionaron el proyecto para cobrar un arancel de manera indirecta a los no residentes que usen los sistemas de salud y de educación en la Ciudad de Buenos Aires.
En diálogo con Infonews, Guillermo Pacagnini, secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), criticó la iniciativa: “El proyecto para cobrarles a los no residentes en la Ciudad de Buenos Aires por la salud pública es antidemocrático y antisanitario porque atenta contra el derecho a la salud y además porque atenta contra los principios básicos de lo que tiene que ser un sistema de salud, es decir la accesibilidad, la universalidad, la gratuidad, el igualitarismo y lesiona el rol que tiene que tener el Estado que es presupuestar la oferta de salud y no tener un criterio mercantilista de subsidiar la demanda”.
En el mismo sentido, advirtió que “no es nuevo este intento porque tiene que ver con recomendaciones del Banco Mundial que este sector de la derecha lo lleva a su máxima expresión”, y agregó que algunos municipios de la provincia ya realizan medidas similares: “Hay antecedentes de los municipios de la provincia de Buenos aires y varias provincias del interior. Concretamente, en San isidro, no cobrar pero lo que sí lo que hacen es poner una barrera sanitaria a la atención, es decir, lesionar la universalidad y la accesibilidad a la salud porque no se pueden atender en determinadas prestaciones los que no son del municipio. Pasó en San Isidro, pasó en Luján, pasó en Pilar, y en otros lugares”. Recordó que una situación similar se vivió en la pandemia pasó con la gestión de camas: “Cuando se necesitaba una gestión centralizada de las camas críticas, tal municipio decía ‘nosotros reservamos la cama para nuestro municipio escudándose en la autonomía municipal´”.
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¿CÓMO?
Pacagnini resaltó que “la Constitución Nacional art 14 bis, la Constitución Provincial en el artículo 8 y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires tienen garantizada la gratuidad de las prestaciones de salud”.
El dirigente gremial entiende que para evitar estas situaciones “la salud tiene que ser un derecho universal a cargo del Estado” y advirtió que hay tres problemas estructurales del sistema de salud para llegar a eso: el desfinancimiento, la fragmentación y la desjerarquización del personal.
Sobre el primer punto, indicó que “el desfinanciamiento progresivo obviamente atenta contra este derecho a la salud que es derecho de la gente, obligación del estado”. Sobre la fragmentación, señaló que “hoy tenemos fragmentación vertical entre el sector privado y el sector público. El sector de las obras sociales cada vez más está entrelazado y subsumido al sector privado y está avanzando sobre el sector público en esa fragmentación vertical pero en el sector público, a su vez, hay otra fragmentación, que es entre los efectores nacionales e interjurisdiccionales”.
Sobre esto, explicó que “de dependencia nacional nosotros tenemos un Ministerio de Salud que es como un Estado Mayor sin mando de tropa. Es decir, sólo tiene el hospital Posadas y algunos institutos nacionales de contralor y nada más. Después tenés los efectores provinciales, cada provincia tiene su régimen y después tenés los efectores municipales. Sólo en la provincia de Buenos Aires tenés alrededor de 80 hospitales provinciales 220 municipales y 1500 centros de salud, en su mayoría municipales. Eso es una anarquía completa a la hora de planificar lo que tiene que ser la atención y es una manera también de seguir desfinanciando el sistema”.
El tercer problema estructural que plantea es la desjerarquización del equipo de salud, la falta de reconocimiento del equipo de salud: “Esta fragmentación hace que haya regímenes laborales diferentes y una dispersión salarial tremenda por supuesto a la baja. En salud, el insumo fundamental es el recurso humano: médico, enfermera, camillero, psicólogo, bioquímico, etc… Para nosotros es prioritario avanzar en superar esta fragmentación, la desfinanciación y jerarquizar el equipo de salud. Eso es apuntar a un planteo estratégico que la pandemia lo puso al rojo vivo porque desnudó mucho más estos problemas estructurales al poner al rojo vivo y al borde del colapso el sistema de salud”.
En este sentido, afirmó que “hay que avanzar a un sistema único de salud. Eso implica jurisdicción única, que todo se banque de renta generales, la gente no puede ser que pague tres o cuatro veces por la atención. La gente paga el impuesto, ya con renta generales debería tener derecho a la salud. Algunos pagan una obra social pero se terminan atendiendo en el Estado, otros pagan la obra social y además un coseguro y se atienden en hospitales públicos, otros además de pagar todo eso tienen que pagar el insumo que no está. Pagan varias veces la atención”.
Pacagnini, volvió a enfatizar: “Para ser un derecho universal, la salud tiene que ser gratuita y a cargo del Estado, y hay que discutir cómo avanzar sobre el sector privado". Para el dirigente gremial, esto se resuelve declarando de utilidad pública toda la capacidad instalada del sector privado. “Este debate lo instaló la pandemia pero tiene que salir de los reductos académicos y bajar al conjunto porque tiene que avanzar, tiene que ser un debate nacional porque es una urgencia”, remarcó.
“El Estado tiene que ser el que garantice, en última instancia, la salud y financie el proceso de prestaciones de salud para convertirse entonces en un sistema único de salud a cargo del Estado, universal, gratuito e igualitario”, concluyó.
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