El legislador Roy Cortina, presentó un proyecto de ley para la interrupción de embarazo en los casos de aborto no punible enumerados en el artículo 86 del Código Penal. No se requerirá de autorización judicial ni de ningún otro requisito.
De aprobarse en la Legislatura porteña se prohibirá la exigencia de "cualquier revisión o autorización por parte de directivos/as o superiores jerárquicos de los efectores de salud", "la intervención de comités de ética u operadores jurídicos o colegios profesionales" y "la obligación de realizar denuncia policial o judicial".
También prohíbe "la obligación de consultar o solicitar el consentimiento de terceros como la pareja, parientes de cualquier tipo u otras personas, salvo el de los representantes legales respecto de las personas con capacidad de tomar decisiones sobre su cuerpo restringida judicialmente y las menores de 13 años", "la imposición de períodos de espera" y "la negativa por edad gestacional avanzada para realizar la práctica".
El profesional deberá informar a la mujer, adolescente, niña o persona gestante sobre su objeción de conciencia con relación a la práctica médica desde la primera consulta que se le realice; además tendrá que poner en su conocimiento el derecho que le asiste a realizar el aborto no punible, remitiéndola en forma inmediata a un profesional no objetor.
MACRI LO HIZO
En septiembre de 2012, la Legislatura porteña votó la ley 4318, que establecía que los hospitales públicos y privados de la Ciudad debían realizar la interrupción legal del embarazo por las causales del artículo 86 del Código Penal. Pero al mes, Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, vetó esa ley con el decreto 504/2012 y firmó la resolución 1252/2012, que era un protocolo armado por su ministro de salud, Jorge Lemus.
El protocolo era restrictivo: decía que una mujer violada no podía interrumpir su embarazo más allá de la semana 12, que en los centros de salud tenía que haber un comité interdisciplinario para evaluar y autorizar los abortos, y que las mayores de 14 años necesitaban la autorización de sus padres.
Cortina explicó que "esa sentencia fue apelada a la Corte Suprema pero igual nos parece necesario llevar certidumbre a los hospitales porteños y poner un freno legal a cualquier intento trasnochado de restablecer la resolución restrictiva que en esta materia había impulsado el ex Ministro Lemus" .
"En esos términos, creemos que el proyecto recoge y es consistente con los alcances que la Corte Suprema dio a este derecho en su histórica sentencia del caso 'F.A.L.'.
La norma promueve la adhesión de la Ciudad al Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y establece pautas básicas que garantizan el acceso a la interrupción legal del embarazo.